Limitar el acceso a las redes sociales a menores
¿Hay que regular el acceso a las redes sociales? ¿A razón de qué? ¿Tenemos datos objetivos que soporten la medida?
Hoy me apetece meterme en un jardín del que no sé cómo voy a salir sin que me pongan etiquetas. Tampoco es que me importe, porque ya peinaría canas si tuviera pelo. Pero es que hemos llegado a un punto en el que nos importa más quién propone una medida que el qué de la medida en sí. Así que hoy voy a pensar en voz alta porque estoy hasta los huevos las narices de toda la clase política. Sobre todo cuando tratamos temas tan delicados como la salud mental de los jóvenes y su relación con las redes sociales.
Recientemente, el Gobierno soltó la “bomba” de que planea limitar el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, siguiendo la tendencia de otros países como Australia, Francia y el Reino Unido. Como era de esperar, el debate no se está centrando en la salud mental ni en la educación, sino en el choque de trenes ideológico de siempre. El análisis técnico y el rigor brillan por su ausencia, tanto en la política como en las tertulias que parecen güisquerías, e incluso en la intrusión de tecnócratas como Pavel Durov o Elon Musk.
Como sociedad, hemos llegado al punto de aceptar como normal que el acceso a contenido para adultos esté a un solo clic de confirmación de edad, sin verificación real. Un contenido que está muy lejos de enseñar educación sexual a nuestros menores. También normalizamos que padres y madres exploten a sus hijos para crear contenido y obtener beneficios superfluos, como likes y seguidores, o incluso económicos. Detrás de un inocente baile pueden esconderse verdaderos dramas (Sharenting Syndrome).
Siempre he sido defensor de la libertad y me he manifestado en multitud de ocasiones a favor de la neutralidad de la red. Lo sigo siendo y por eso estoy en contra de medidas como el pajaporte. Pero si eres un menor, con un cerebro en desarrollo que no tiene la capacidad de gestionar las emociones y te falta calle, eres una víctima potencial y el Estado tiene la obligación de protegerte. No se puede delegar esa responsabilidad en los padres que no entienden las consecuencias a largo plazo del uso del móvil y de las redes sociales. Esto no es una cuestión de izquierdas o derechas. Son nuestras reglas del juego democrático.
A mí la palabra “prohibir” no me gusta. Suena a censura y a falta de fundamentos. Yo prefiero regular. La regulación debe ser una respuesta técnica a un problema social demostrado. Si una actividad genera un daño sistémico a un conjunto de la sociedad, el Estado debe intervenir. Porque el estado somos tú y yo.
Por eso tenemos que elevar el debate y dejar que los tertulianos de turno, influencers y demás personajes que viven de la polémica, se queden en su terreno. Me parece muy bien que discutan que el gobierno es un desastre, que es una medida oportunista, que lo hacen para tapar otros temas, etc. Todo eso está muy bien en su entorno. En su circo mediático. Pero no es ahí donde hay que centrar el debate, y mucho menos los políticos.
Si escarbamos un poco, llegaríamos a estudios como los de Jonathan Haidt, autor del libro The Anxious Generation, que muestran una correlación directa entre el uso de las redes sociales móviles y el aumento de la depresión y la ansiedad en adolescentes. Esto no es una opinión de este tipo. Son datos. Haidt dice que hemos pasado de una infancia basada en el juego a una infancia basada en el móvil, lo que reconfigura los procesos cognitivos en una etapa en la que la corteza prefrontal no está preparada para el refuerzo algorítmico constante.
Otro estudio de la Universidad Estatal de Iowa ha demostrado que reducir el uso a 30 minutos al día mejora significativamente los síntomas de soledad y depresión (aquí el paper). Pero claro, estos estudios no hacen ruido ni generan el clickbait que busca la bronca y la liberación rápida de dopamina.
Un sector que tiene que perder con esta regulación es el de los influencers, cuya rentabilidad depende de captar la atención de colectivos con pensamiento crítico poco desarrollado. Muchacho/a, si tu modelo de negocio depende de la vulnerabilidad cognitiva de un menor, tienes un problema ético, no un problema de libertades. Y además eres gilipollas. La libertad de mercado no puede estar por encima de la salud pública.
Y luego está el comportamiento de los tecnócratas. Si usáis Telegram, habréis recibido la semana pasada un mensaje de Pavel Durov con proclamas políticas que reclaman “libertad”. El “William Wallace” ruso está cruzando una línea roja muy peligrosa. Supongo que él creerá que le han otorgado el poder para tutelar a los españoles y, además, hacerlo de forma tan paternalista. Señor, dedíquese a su país, que tiene mucho más donde rascar.
Todas las leyes coartan libertades para proteger la convivencia democrática y garantizar los derechos de sus ciudadanos. Funciona así. La libertad no puede ser “hacer lo que nos salga de los cojones”. Tiene que haber guardarraíles.
Si Durov quiere hacer política, que se presente a unas elecciones. Digo yo. Lo que no es admisible es que los dueños de estas plataformas usen su infraestructura como megáfono propagandístico. No me imagino a Marc Murtra (CEO de Telefónica) enviando un audio masivo a sus clientes contra una medida del Gobierno de su país, elegido democráticamente. Que las empresas se posicionen es legítimo en los foros adecuados para proteger los intereses de sus inversores. Pero no hacer política. Y no por cualquier vía. Saltarse los mecanismos democráticos mediante el acceso intrusivo al móvil del ciudadano es otra cosa. Nos deja a merced de los caprichos de quienes controlan las redes. Los tecnócratas.
Si esta invasión es un problema para los adultos, imagínate para un menor.
Existe un problema real y tangible. Exijamos un debate a la altura de la complejidad del problema y dejemos de tratar la salud mental como un arma arrojadiza en la guerra política. Porque creo que la gran mayoría estará a favor de una regulación de este tipo.
¡Muchas gracias por leerme!